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La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) informó
que muchos países carecen de legislación y políticas
apropiadas para la asignación y el aprovechamiento eficiente y
equitativo de los recursos hídricos. Pese a ello, se está
avanzando en el examen de legislaciones nacionales y la promulgación
de nuevas leyes y reglamentos.
Asimismo, se ha demostrado preocupación acerca de la creciente
incapacidad de los servicios y organismos hidrológicos nacionales,
especialmente en los países en desarrollo, para evaluar sus propios
recursos hídricos. Numerosos organismos han sufrido reducciones
en redes de observación y personal a pesar del aumento en la demanda
de agua. Se han puesto en marcha una serie de medidas de intervención,
como el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS, según su sigla en inglés), que se implementó
en varias regiones. Su principal objetivo es contribuir a la mejora de
las capacidades nacionales y regionales para evaluar los recursos hídricos
(CSD 1997b).
Muchos y diferentes tipos de organizaciones cumplen una función
en lo concerniente a las decisiones sobre las políticas relativas
al agua, desde los gobiernos nacionales hasta los grupos comunitarios
locales. De todos modos, en el transcurso de los últimos decenios,
se ha puesto cada vez más énfasis tanto en aumentar la participación
y responsabilidad de pequeños grupos locales como en reconocer
que a las comunidades les corresponde jugar un papel preponderante en
las políticas relativas al agua.
La Declaración Ministerial de La Haya en marzo de 2000 (véase
recuadro) hizo un llamamiento para administrar el agua de manera razonable:
garantizar la buena gestión de manera que la participación
del público en general y los intereses de todas las partes estén
incluidos en la ordenación de los recursos hídricos (World
Water Forum 2000).
El sector privado comenzó recientemente a expandir sus funciones
en la ordenación de recursos hídricos. El decenio de los
noventa fue testigo de un rápido aumento en el índice y
grado de privatización de los sistemas de conducción de
agua anteriormente administrados por el estado. Las empresas privadas
administradoras de agua se ocupan cada vez más de prestar servicios
a las ciudades en expansión al hacerse cargo de contratos de organismos
públicos para construir, poseer y operar parte o incluso todo el
sistema municipal. Al mismo tiempo, ha aumentado la preocupación
por cómo garantizar el acceso equitativo al agua al sector pobre
de la población, financiar proyectos y compartir riesgos de la
mejor manera posible.
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Declaración ministerial sobre la seguridad del agua en el
siglo XXI
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En el Segundo Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya en marzo
de 2000, alrededor de 120 ministros responsables de temas relativos
al agua adoptaron una declaración dirigida a alcanzar la seguridad
del agua en el mundo. Los principales retos del nuevo siglo enunciados
en la declaración son los siguientes:
- Satisfacer las necesidades básicas: reconocer que tener
acceso a servicios seguros y suficientes de agua y saneamiento
constituye una necesidad humana básica y es fundamental
para la salud y el bienestar, y facultar a las personas, especialmente
a las mujeres, mediante un proceso participativo en el ordenamiento
de los recursos hídricos.
- Asegurar el suministro de alimentos: mejorar la seguridad alimentaria,
en especial la del sector pobre y vulnerable de la población,
mediante la movilización y el uso más eficiente
del agua, así como su distribución más equitativa
a los efectos de la producción alimentaria.
- Proteger los ecosistemas: garantizar la integridad de los ecosistemas
por medio del ordenamiento sostenible de los recursos hídricos.
- Compartir los recursos hídricos: promover la cooperación
pacífica y desarrollar sinergias entre diferentes usos
del agua en todos los niveles, siempre que sea posible, dentro
y, en el caso de los recursos hídricos limítrofes
y transfronterizos, entre los estados correspondientes por medio
de la gestión sostenible de cuencas fluviales u otros enfoques
apropiados.
- Gestionar riesgos: brindar seguridad contra inundaciones, sequías,
contaminación y otros peligros asociados con el agua.
- Valorar el agua: administrar el agua de forma que se representen
los valores económicos, sociales, ambientales y culturales
en todos sus usos y avanzar hacia la fijación de precios
para el abastecimiento de agua a fin de reflejar el costo de su
suministro. Dicho enfoque deberá ser equitativo y tomar
en cuenta las necesidades básicas del sector pobre y vulnerable
de la población.
- Administrar el agua de manera razonable: garantizar la buena
gobernanza de manera que la participación del público
en general y los intereses de todas las partes estén incluidos
en la ordenación de los recursos hídricos.
Fuente: World Water Forum 2000.
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