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Las respuestas de política internacional
a los problemas antes descritos son muchas y muy variadas. La mayoría
se basan en convenios sobre pesca, convenios internacionales sobre transporte
marítimo, o en los numerosos tratados emanados de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al mismo tiempo, las
debilidades de instituciones y organizaciones de los países de
la región, y las innumerables autoridades responsables de la gestión
marina y costera, hacen de la aplicación de las políticas
una ardua tarea.
Los siguientes están entre los acuerdos y planes de acción
multilaterales más importantes:
- Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marino
en la Región del Gran Caribe («El Convenio de Cartagena») (1983) y sus
protocolos (sobre derrames de petróleo, zonas protegidas y contaminación
procedente de fuentes terrestres).
- Programa de Mares Regionales del PNUMA, y el proyecto internacional
para la eliminación de obstáculos a fin de aplicar controles al agua
de lastre y medidas de gestión para países en desarrollo, propuesto
para el periodo 2000-2002 por la Organización Marítima Internacional
(OMI).
- Red de Acción internacional sobre arrecifes de coral (ICRAN), iniciativa
importante para frenar la degradación de los arrecifes de coral, con
el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas (UNF).
- Proyecto de planificación para la adaptación al cambio climático mundial
en el Caribe (CPACC), que ayuda a 12 países caribeños miembros del Mercado
Común del Caribe (CARICOM) a prepararse para los efectos negativos de
un probable cambio climático mundial, en especial respecto del aumento
del nivel del mar, al medir su vulnerabilidad y planear la adaptación
y el desarrollo de su capacidad para enfrentar el problema.
Sin embargo, pocos de los convenios mencionados han estado en vigor el
tiempo suficiente, y contado con una infraestructura adecuada para evaluar
sus fortalezas y sus debilidades. No obstante, es evidente que los procesos
de control ambiental regional deben orientarse a la evaluación de las
condiciones ambientales, así como a la vigilancia de las actividades de
aplicación previstas para recuperar la sostenibilidad de las zonas marinas
y costeras y sus recursos.
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