Medidas normativas

• deficiencias en la prevención de desastres, entre las que se incluyen la falta de zonificación de zonas vulnerables durante el proceso de planificación del desarrollo;
• mecanismos de mitigación débiles;
• deficiencias y uso limitado de medidas antisísmicas de construcción al igual que organización administrativa y recursos humanos inadecuados para asegurar su cumplimiento;
• falta de pólizas de seguro para los hogares con bajos ingresos, y
• sistemas de apoyo inadecuados para las comunidades afectadas.

Es esencial mejorar la gestión para la reducción de desastres, especialmente las acciones de mitigación no estructurales utilizando mecanismos naturales. Por ejemplo, los humedales disminuyen las inundaciones, las regiones forestadas, los deslizamientos de tierra y los manglares atenúan los efectos de las tormentas de la costa y las mareas extremas. En general, la buena utilización de la tierra mantiene ecosistemas saludables, proporciona recursos y facilita las acciones de mitigación no estructurales. La estrategia descrita es particularmente atractiva en países donde los seguros contra riesgos y la mitigación estructural son muy costosos.

Vulnerabilidad de los países caribeños a los riesgos naturales
	Huracanes	Terremotos	Volcanes	Inundaciones	Sequías
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba
Dominica
República Dominicana
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
= vulnerabilidad elevada = vulnerabilidad media = vulnerabilidad baja

Dada la pesada carga económica, social y ambiental que comprenden los desastres, se ha prestado considerable atención durante el último decenio a la preparación, evaluación y mitigación para casos de desastre. Muchas de las acciones se realizaron en el contexto del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). A nivel regional, su mandato de promover la cooperación internacional en ese campo recibió el apoyo de la Conferencia Interamericana sobre la Reducción de los Desastres Naturales celebrada en Cartagena, en marzo de 1994.

Vulnerabilidad a los riesgos naturales: índice georeferenciado para Honduras

Las condiciones preexistentes en el medio ambiente, la demografía, el sistema social y la infraestructura están entre los principales factores de vulnerabilidad. Los indicadores de sostenibilidad rural del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el PNUMA y el Banco Mundial generaron un índice georeferenciado de la vulnerabilidad que combina la información geográfica proveniente de cuatro mapas. El mapa correspondiente a la vulnerabilidad ambiental destaca las zonas bajo riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones utilizando datos sobre bosques, ríos, topografía, pendientes, permeabilidad del suelo y vegetación. El mapa de la vulnerabilidad de la población presenta la densidad demográfica por municipio y el mapa de la vulnerabilidad social agrega datos sobre ingresos y pobreza. El que corresponde a la vulnerabilidad de la infraestructura añade datos sobre el tendido eléctrico y las carreteras. Luego, se combinan los cuatro mapas (véase el mapa) para mostrar los 60 municipios con la prioridad máxima para la prevención de desastres y rehabilitación (los primeros 10 están señalados en rojo, los 15 siguientes, en naranja y los 35 restantes, en amarillo). La información suministrada por los mapas responde a preguntas fundamentales tales como por qué hay municipios más vulnerables que otros, qué se puede hacer al respecto y dónde deberían centrarse las intervenciones. Fuente: Segnestam, Winograd y Farrow 2000.

Varios países de la región, tales como Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Panamá, crearon y fortalecieron marcos institucionales nacionales en el campo de la gestión de actividades en casos de desastre. Entre ellos cabe mencionar el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), establecido en 1988, y el Organismo Caribeño de Respuesta de Emergencia en Caso de Desastre, establecido en 1991. Bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos, se adoptó la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre en 1991, que entró en vigor en 1996 (PAHO 1998).

La experiencia demostró los efectos positivos de la planificación y creación de capacidades institucionales. Un elemento fundamental es fortalecer y normalizar los métodos de producción de datos a nivel regional, no sólo para evitar la falta de coherencia durante los casos de emergencia sino también para evaluar las pérdidas. Son igualmente importantes los esfuerzos para identificar la vulnerabilidad de los territorios y poblaciones cuando se enfrentan a riesgos naturales y causados por actividades humanas (véase el recuadro). Las medidas preponderantes en casos de desastre se dirigen a la gestión de los riesgos. Cada vez cuentan con mayor participación local y comunitaria y hacen un uso no centralizado de las organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos. Dentro de ese marco, está surgiendo una nueva visión: el proceso de desarrollo debe reducir el riesgo al atenuar la vulnerabilidad social, económica y ambiental de las poblaciones y territorios.