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Overused, undervalued

Frances Seymour
Directora General del Centro de Investigación Forestal Internacional

Este debe ser un año histórico para los bosques del mundo. El 2011, proclamado Año Internacional de los Bosques de las Naciones Unidas, fue precedido por el acuerdo propicio sobre la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD) en la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, celebrada en diciembre en Cancún. En dicha ocasión se puso en marcha un mecanismo, al que se ha aspirado durante mucho tiempo, que integre los bosques en los regímenes de protección del clima mundial.

Además, los bosques del mundo seguramente están en condiciones para aprovechar la necesidad del cambio hacia una “economía verde”. Hace tiempo que sabemos que el valor económico de los bosques se extiende más allá de la madera que producen. Todo se puede encontrar en ellos: diversidad biológica, productos forestales no leñosos, fuentes de los servicios ecosistémicos y consuelo espiritual. Y ahora, como nunca antes, son valorados por su contribución a la mitigación del cambio climático y su adaptación.

Sin embargo, muchos de esos valores siguen siendo invisibles para los encargados de formular políticas y el público en general, sobre todo cuando se los compara con los rápidos beneficios obtenidos en los usos alternativos de la tierra, como la agricultura comercial y la minería. El interés que despiertan los bosques entre el público y los políticos será muy endeble siempre y cuando las contribuciones económicas de mantenerlos en pie sigan estando ocultas o siendo infravaloradas. Y sacar a la luz dichas contribuciones a menudo exige cambios en la gobernanza y en los mercados.

Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que las comunidades que viven en los bosques y su entorno derivan gran parte de sus ingresos del consumo directo y la venta de los productos forestales. Una nueva base de datos que presenta los resultados de encuestas de ingresos efectuadas en más de 8.000 hogares (www.cifor.cgiar.org/pen), confirma ese pálpito: en promedio, el 24% de sus ingresos totales proviene de los productos forestales. La madera como combustible y su uso en la construcción, la carne de animales silvestres, las frutas, los frutos secos, la miel y los hongos para alimento, así como una gran variedad de productos utilizados para medicamentos, artesanías, adornos y otros usos, todos contribuyen.

Desafortunadamente, una proporción muy reducida de los ingresos queda registrada en las encuestas estadísticas o en la contabilidad de un país, por lo tanto siguen siendo invisibles para los encargados de formular políticas nacionales. Es preciso refinar los instrumentos de las encuestas que usan las oficinas de estadísticas nacionales para destacar la importante contribución de los bosques a los ingresos de algunas de las comunidades más pobres y vulnerables del mundo.

Esa invisibilidad se debe también al hecho de que gran parte de los ingresos son, como mínimo, técnicamente ilegales, y una proporción considerable se paga en sobornos. Cuando hace varios años comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo entre el gobierno de Camerún y la Comisión Europea para cerciorarse de que la madera que se exporta a la Unión Europea procede de fuentes legítimas, se partió de la base que el volumen de madera producida informalmente para el mercado nacional era menor que la cuota correspondiente al sector formal. Según investigaciones del CIFOR, en realidad es cuatro veces superior de lo que se había pensado, y dicho sector proporciona empleo e ingresos a alrededor de 45.000 personas.

La represión de la tala ilegal suele orientarse más a los pequeños explotadores con sus motosierras que a los grandes con sus cuentas de banco. Sería mejor para todos si la madera producida de forma informal para el mercado nacional se ajustase a un marco normativo adecuado que proteja tanto la sostenibilidad del medio ambiente de los recursos como los medios de subsistencia de los productores locales. La profesionalización, y no la criminalización, es una alternativa para avanzar.

Si bien los mecanismos de mercado para proteger los bosques desempeñan una función, no han demostrado ser suficientes por sí mismos para invertir la deforestación y la degradación. Los sistemas de certificación, como el del Consejo de Administración Forestal, reconocen a los productores que en su práctica tienen en cuenta los valores adecuados. Pero los líderes industriales se lamentan de que la mayoría de las personas aún no está dispuesta a pagar un precio más elevado que refleje los costos de proteger dichos valores. Las decisiones de compra que reflejan preocupación sobre la sostenibilidad de los bosques del mundo están más motivadas por presunciones de los minoristas que por las preferencias de los consumidores finales. Debería prestarse más atención a las intervenciones de política para tratar en pie de igualdad a los productores de madera sostenible.

Los bosques “degradados”, de los que ya se ha extraído toda la madera comercial, siguen siendo los principales objetivos para la conversión a otros usos, pese a la riqueza en carbono, biodiversidad y fuentes de subsistencia locales (como la carne de animales silvestres) que a menudo contienen. Procesos de planificación que estén mejor fundamentados y sean más responsables deberían orientar la expansión agrícola a zonas auténticamente degradadas, y reconocer los derechos de los actuales usuarios de recursos a los beneficios a los usos existentes y a los que pueden crear la REDD y otros sistemas de pagos por los servicios de los ecosistemas.

Las posibilidades de usar dichos sistemas – que dependen de un claro “vendedor” de los servicios ambientales en cuestión – de salvar el bosque se ven comprometidas por la falta de claridad y los conflictos que surgen a la hora de determinar quién es el propietario. La investigación del CIFOR ha esclarecido el alcance de dichos obstáculos para poner en funcionamiento las herramientas de economía verde en las condiciones típicas de la mayoría de los bosques tropicales. La investigación estima que solo alrededor de la mitad de los bosques de la región amazónica del Brasil en los que sería económicamente viable utilizar dichos sistemas de pago para reducir las emisiones nocivas de los bosques no se verán comprometidos por el “caos” de la tenencia de la tierra.

A falta de pruebas concluyentes de su valor económico, el mejor ejemplo de la fragilidad del apoyo para proteger los bosques quizás sean los recientes debates sobre cómo lograr la seguridad alimentaria. Estos suelen describir los bosques como un opción del uso de la tierra que compite en un juego de suma cero con la expansión de la agricultura y no destacar la relevancia en su aporte a la seguridad alimentaria, ya sea suministrando medios de subsistencia e ingresos en efectivo como apoyando la productividad agrícola sostenible. Los productos forestales son un componente esencial de los medios de subsistencia rurales: el 80% de la madera obtenida en el África subsahariana se usa en la producción de energía, la carne de animales silvestres de los bosques de la cuenca del Congo equivale a la producción del sector de la carne de vacuno de Brasil. Y los servicios de los ecosistemas que ofrecen los bosques, fundamentales para la agricultura, tales como el mantenimiento de los flujos hidrológicos y la polinización, serían imposibles o costosos de reemplazar.

Incluso los que comprenden la necesidad de mantener los bosques como parte de estrategias integradas de gestión de paisajes, a menudo se interesan exclusivamente por aumentar la productividad agrícola como forma de aliviar la presión que se ejerce sobre ellos. Tales aumentos en la productividad son, sin lugar a dudas, necesarios y deseables por otras razones, pero no son en sí mismos suficientes para reducir dicha presión. En efecto, las investigaciones han indicado que, según los precios relativos y los mercados, incrementar la productividad agrícola puede, en realidad, crear incentivos que aceleren la tala de los bosques. Por ello, estas iniciativas deben llevarse a cabo conjuntamente con la reforma de la gobernanza forestal para alinear los incentivos encaminados a proteger los bosques.

Así, al conmemorar el Año Internacional de los Bosques, los gobiernos y otros encargados de formular políticas deben reconocer el verdadero valor que representan los bosques para las comunidades locales, los países y el mundo entero. Con la desaparición de 13 millones de hectáreas de bosques al año, el tiempo de actuar se acaba rápidamente.

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