Proteger a los pueblos ancestrales que preservan la biodiversidad es proteger los sistemas naturales que nos sostienen a todos. Pero estos guardianes de la naturaleza enfrentan cada vez más amenazas por su labor de conservación.
En 2019, 212 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, según la organización Global Witness. Más de dos tercios del total de asesinatos tuvieron lugar en América Latina, donde los defensores de las comunidades indígenas sufren mayor riesgo de represalias.
Para hacer frente a esta creciente ola de crímenes y amenazas, la región cuenta con el Acuerdo de Escazú, un tratado regional vinculante adoptado en 2018 que fortalece los derechos humanos y la democracia ambiental. Este tratado es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Entrará en vigor cuando 11 países lo hayan ratificado.
