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GEO-3: GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK  
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica

El CDB entró en vigor en 1993. Fue el primer acuerdo mundial acerca de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y sirve como base fundamental de referencia para la acción nacional. El Convenio establece tres metas principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de todos sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios del uso de los recursos genéticos. Se tratan muchas cuestiones relativas a la diversidad biológica, como la preservación del hábitat, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad de la biotecnología y los derechos de propiedad de los pueblos indígenas.

El Convenio constituye un hito para la legislación internacional, y es reconocido por su enfoque integral de los ecosistemas para la protección de la diversidad biológica. El tratado ha ganado una rápida y amplia aceptación. Para diciembre de 2001, un total de 182 gobiernos lo habían ratificado. Un acuerdo complementario al Convenio, el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, se adoptó en enero de 2000 para atender los riesgos potenciales presentados por el comercio transfronterizo y las liberaciones accidentales de organismos vivientes genéticamente modificados. La adopción de dicho Protocolo es un gran logro para los países en desarrollo que lo solicitaron. Para diciembre de 2001, 103 países habían firmado el Protocolo y 9 lo habían ratificado. El CDB también influyó en la activación de una legislación para regular los recursos genéticos en las naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Esta legislación entró en vigor en julio de 1996 (Centre for Science and Environment 1999). A pesar del éxito del Convenio, las negociaciones para conseguirlo fueron con frecuencia reñidas (ver el recuadro).

El papel de los países en desarrollo en las negociaciones para el CDB

El Centro Sur con sede en Ginebra, descontento con el borrador preliminar del Convenio en noviembre de 1991, pidió a los países en desarrollo que lo rechazaran e insistieran en que cualquier negociación acerca de la diversidad biológica debía estar vinculada a una negociación sobre biotecnología y, de manera más general, a los derechos de propiedad intelectual. Además destacó que la tendencia combinada hacia la privatización del conocimiento y los recursos genéticos era una amenaza seria al desarrollo del Sur y debía contrarrestarse.

Durante las negociaciones, el Sur:

  • hizo hincapié en la soberanía nacional de los recursos naturales;
  • solicitó la transferencia de tecnología a los países en desarrollo en términos preferenciales;
  • presionó por la supremacía del CDB sobre otras instituciones, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); y
  • solicitó un protocolo sobre la seguridad de la biotecnología.
Fuente: Centre for Science and Environment 1999.