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GEO-3: GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK  
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Respuestas normativas

La capacidad para tratar las aguas residuales es deficiente; 98 por ciento de las aguas residuales domésticas se descarga en el Pacífico Nororiental y 90 por ciento en la región del Gran Caribe sin tratamiento alguno.

Fuente: PNUMA, David Tapia Muñoz, Topham Picturepoint.

Las respuestas de política internacional a los problemas antes descritos son muchas y muy variadas. La mayoría se basan en convenios sobre pesca, convenios internacionales sobre transporte marítimo, o en los numerosos tratados emanados de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al mismo tiempo, las debilidades de instituciones y organizaciones de los países de la región, y las innumerables autoridades responsables de la gestión marina y costera, hacen de la aplicación de las políticas una ardua tarea.

Los siguientes están entre los acuerdos y planes de acción multilaterales más importantes:

  • Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marino en la Región del Gran Caribe («El Convenio de Cartagena») (1983) y sus protocolos (sobre derrames de petróleo, zonas protegidas y contaminación procedente de fuentes terrestres).
  • Programa de Mares Regionales del PNUMA, y el proyecto internacional para la eliminación de obstáculos a fin de aplicar controles al agua de lastre y medidas de gestión para países en desarrollo, propuesto para el periodo 2000-2002 por la Organización Marítima Internacional (OMI).
  • Red de Acción internacional sobre arrecifes de coral (ICRAN), iniciativa importante para frenar la degradación de los arrecifes de coral, con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas (UNF).
  • Proyecto de planificación para la adaptación al cambio climático mundial en el Caribe (CPACC), que ayuda a 12 países caribeños miembros del Mercado Común del Caribe (CARICOM) a prepararse para los efectos negativos de un probable cambio climático mundial, en especial respecto del aumento del nivel del mar, al medir su vulnerabilidad y planear la adaptación y el desarrollo de su capacidad para enfrentar el problema.

Sin embargo, pocos de los convenios mencionados han estado en vigor el tiempo suficiente, y contado con una infraestructura adecuada para evaluar sus fortalezas y sus debilidades. No obstante, es evidente que los procesos de control ambiental regional deben orientarse a la evaluación de las condiciones ambientales, así como a la vigilancia de las actividades de aplicación previstas para recuperar la sostenibilidad de las zonas marinas y costeras y sus recursos.