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GEO-3: GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK  
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Descuentos fiscales y otros instrumentos

Un paso vital en muchos países es reestructurar los sistemas fiscales y los programas de subsidios para que sean más congruentes con las metas sociales y ambientales. Tales reformas también permiten a los gobiernos recaudar parte de los enormes montos necesarios para financiar los cambios en los sistemas del sector público, imprescindibles para alcanzar los objetivos previstos.

En otros casos, se introducen reglamentos más estrictos, tales como restricciones o prohibiciones totales a determinadas actividades, entre ellas la explotación forestal en parques nacionales, la utilización de productos químicos especiales e incluso el uso de automotores en zonas urbanas. Estos esfuerzos pueden tener un alto costo, por lo menos en el corto plazo.

Aunque limitadas a veces por las acciones de gobiernos y de ONG, las empresas juegan un papel favorable en muchas áreas. Como secuela de la serie 14.000 de las normas para sistemas de gestión ambiental, la ISO presenta una serie de normas relacionadas con las dimensiones sociales y éticas de la empresa de que se trate. Estas medidas complementan los esfuerzos conjuntos de los gobiernos y las empresas, como el Pacto Mundial y el GRI. Las empresas adoptan un papel cada vez más activo en los procesos de consulta asociados con muchas iniciativas de políticas, una forma de intervención que contribuye notablemente para estimular el desarrollo y la transferencia de tecnología.

Las acciones de las ONG y de los grupos de consumidores incluyen, entre otras, la utilización del boicot al consumo y campañas mediáticas para impulsar a las empresas menos progresistas a actuar. Promueven la introducción de nuevos requisitos de etiquetado y presentación de informes para asegurar que las prácticas comerciales sean más transparentes y responsables. Varios de estos grupos están incluidos de manera explícita en las rondas más recientes de negociaciones de la OMC. Al mismo tiempo, estos grupos de presión también hacen las veces de fiscalizadores de los gobiernos, lo que asegura que los dirigentes actúen de manera responsable. Se imponen límites más estrictos en la forma en que se comportan los funcionarios del gobierno de tal suerte que quienes excedan los límites razonables sean destituidos de su cargo.