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El CDB entró en vigor en 1993. Fue el primer acuerdo mundial acerca
de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
y sirve como base fundamental de referencia para la acción nacional.
El Convenio establece tres metas principales: la conservación de
la diversidad biológica, el uso sostenible de todos sus componentes
y el reparto justo y equitativo de los beneficios del uso de los recursos
genéticos. Se tratan muchas cuestiones relativas a la diversidad
biológica, como la preservación del hábitat, los
derechos de propiedad intelectual, la seguridad de la biotecnología
y los derechos de propiedad de los pueblos indígenas.
El Convenio constituye un hito para la legislación internacional,
y es reconocido por su enfoque integral de los ecosistemas para la protección
de la diversidad biológica. El tratado ha ganado una rápida
y amplia aceptación. Para diciembre de 2001, un total de 182 gobiernos
lo habían ratificado. Un acuerdo complementario al Convenio, el
Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología,
se adoptó en enero de 2000 para atender los riesgos potenciales
presentados por el comercio transfronterizo y las liberaciones accidentales
de organismos vivientes genéticamente modificados. La adopción
de dicho Protocolo es un gran logro para los países en desarrollo
que lo solicitaron. Para diciembre de 2001, 103 países habían
firmado el Protocolo y 9 lo habían ratificado. El CDB también
influyó en la activación de una legislación para
regular los recursos genéticos en las naciones del Pacto Andino
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Esta legislación
entró en vigor en julio de 1996 (Centre for Science and Environment
1999). A pesar del éxito del Convenio, las negociaciones para conseguirlo
fueron con frecuencia reñidas (ver el recuadro).
| El papel de los países en desarrollo en las
negociaciones para el CDB |
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El Centro Sur con sede en Ginebra, descontento con el borrador
preliminar del Convenio en noviembre de 1991, pidió a los países
en desarrollo que lo rechazaran e insistieran en que cualquier negociación
acerca de la diversidad biológica debía estar vinculada a una negociación
sobre biotecnología y, de manera más general, a los derechos de
propiedad intelectual. Además destacó que la tendencia combinada
hacia la privatización del conocimiento y los recursos genéticos
era una amenaza seria al desarrollo del Sur y debía contrarrestarse.
Durante las negociaciones, el Sur:
- hizo hincapié en la soberanía nacional de los recursos naturales;
- solicitó la transferencia de tecnología a los países en desarrollo
en términos preferenciales;
- presionó por la supremacía del CDB sobre otras instituciones,
tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT); y
- solicitó un protocolo sobre la seguridad de la biotecnología.
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| Fuente: Centre for Science and Environment 1999. |
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