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Hace treinta años muchos productos químicos tóxicos
y persistentes se consideraban no sólo recursos, sino contaminantes
que afectaban la salud humana y el medio ambiente, en particular cuando
podían acumularse en la cadena alimentaria o transportarse largas
distancias alrededor del mundo. Actualmente, los productos químicos
son considerados como un factor mucho más importante para el desarrollo
y como un recurso que se debe manejar para proteger e incluso mejorar
la salud humana y el medio ambiente. Este manejo seguro de las sustancias
químicas se aplica tanto a las antropógenas como a las de
origen natural, incluidas las generadas a través de procesos biológicos.
La comunidad internacional concluyó recientemente un convenio
clave para controlar el uso de un grupo de compuestos orgánicos
tóxicos persistentes (ver el recuadro). En diciembre de 2000 los
representantes de 122 gobiernos se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica,
y terminaron el texto de un tratado jurídicamente vinculante para
implementar la acción internacional contra ciertos contaminantes
orgánicos persistentes (COP). El Convenio de Estocolmo sobre los
contaminantes orgánicos persistentes, que se firmó en mayo
de 2001 y contaba con 111 signatarios y 2 Partes para diciembre de 2001,
establece medidas de control para 12 productos químicos. Las disposiciones
de control demandan la eliminación de la producción y el
uso de los COP producidos intencionalmente y la eliminación, donde
sea posible, de los COP producidos sin intención (UNEP 2001).
| Contaminantes orgánicos persistentes |
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El tratado sobre los COP abarca una lista inicial de doce productos
químicos, llamados los «12 proscritos»:
- Ocho plaguicidas: aldrina, clordano, diclorodifeniltricloroetano
(DDT), dieldrin, endrín, heptacloro, mirex y toxafeno;
- dos productos químicos industriales: bifenilos policlorados
(BPC) y hexaclorobenzeno (que también es un plaguicida), y
- dos productos secundarios indeseables de la combustión y los
procesos industriales: dioxinas y furanos.
Se hizo una excepción relacionada con la salud para el DDT hasta
2025, puesto que todavía se necesita en muchos países para controlar
al mosquito del paludismo. Los gobiernos pueden conservar el equipo
existente que contenga BPC de manera que se eviten las filtraciones,
con lo que se les otorga el tiempo necesario para conseguir sustitutos
libres de BPC. Estos químicos se han utilizado ampliamente en transformadores
eléctricos y otros equipos.
El Convenio también nombró de forma interina al FMAM como su principal
mecanismo de financiamiento, a través del cual los países desarrollados
canalizarán recursos nuevos y adicionales para ayudar a los países
de economías en transición y en desarrollo a hacer frente a sus
compromisos. Además, incorpora medidas cautelares para examinar
otros productos químicos mediante procesos científicos, a fin de
que tales productos puedan, en su caso, ser incluidos en la lista
por la Conferencia de Partes.
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| Fuente: UNEP 2001 |
Desde la Conferencia de Estocolmo, la industria química mundial
ha crecido casi nueve veces y se espera que continúe haciéndolo
a un ritmo anual de alrededor del 3 por ciento durante las próximas
tres décadas, con un aumento considerable en su comercio (OECD
2001). Esto incrementará el riesgo de exponer a un número
creciente de personas y al medio ambiente a productos químicos
nuevos y surgirá la posibilidad de nuevas enfermedades de origen
químico.
Actualmente, acceder a la información sobre la liberación
de químicos en el medio ambiente es mucho más fácil
que en el pasado. América del Norte ha encabezado la acción
en este campo, sobre todo mediante el Inventario de Liberación
de Tóxicos (TRI 2001) y la promulgación de la ley de planeación
contra emergencias y derecho de la ciudadanía a la información
(Emergency Planning and Community Right-to-Know Act-EPCRA), en los Estados
Unidos en 1986. El propósito de la mencionada ley es el de informar
a las distintas comunidades y a la ciudadanía sobre los peligros
químicos en sus regiones. Además, ley requiere que las empresas
informen a las autoridades estatales y locales sobre la ubicación
y cantidad de químicos que almacenan en sus instalaciones. A través
de la ley EPCRA el Congreso de Estados Unidos ordenó que se hiciera
público un Inventario de Liberación de Tóxicos (TRI).
Este inventario suministra información pública sobre los
químicos potencialmente peligrosos y sus usos, para que las comunidades
tengan mayor poder de presión con el objeto de que las compañías
se hagan responsables y tomen decisiones fundamentadas sobre el manejo
de los productos químicos tóxicos.
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