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Europa es una región con predominio de niveles alto y medio de
desarrollo humano (UNDP 2001). Sin embargo, mientras el nivel general
continúa mejorando gradualmente en Europa Occidental y en partes
de Europa Central, muchos países de Europa Oriental han sufrido
severos retrocesos, e incluso un aumento en pobreza de ingreso desde el
comienzo del proceso de transición.
Tradicionalmente, la región tiene altas tasas de alfabetización
de adultos, estimadas en 95 por ciento o más para toda Europa,
aunque la tasa tiende a ser un poco menor en partes del sur de Europa
Occidental (UNESCO 1998).
En varios países de Europa Central y Oriental (Moldova, Rumania,
Federación de Rusia y Ucrania) la mitad o más de la población
tenía ingresos por debajo de la línea oficial de pobreza
en el periodo 1989-95 (UNDP 1999a). El empobrecimiento se refleja en una
reducción drástica de los salarios reales y del PIB per
cápita, altas tasas de inflación y un aumento en la desigualdad
de ingresos, incluso entre hombres y mujeres, las que, a menudo, son las
primeras en perder sus empleos. Los precios relativos también han
cambiado: los de los bienes y servicios requeridos por los sectores pobres
frecuentemente se incrementan en forma más rápida que los
demás (UN 2000a). Mientras la pobreza de ingreso está más
extendida y es más severa en Europa Oriental, el fenómeno
no es desconocido en Europa Occidental, donde se estima que un 17 por
ciento de la población de la UE (con excepción de Finlandia
y Suecia) todavía sufre de pobreza. La vulnerabilidad a la pobreza
de ingreso es más generalizada: el 32 por ciento de los europeos
sufre por lo menos una temporada anual de ingresos bajos durante cada
periodo de tres años, mientras que el 7 por ciento sufre pobreza
persistente durante el mismo periodo (EC 2001).
| Disponibilidad y acceso a la información sobre
medio ambiente
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La información, la participación y el acceso a la
justicia son elementos esenciales de una democracia participativa.
Estos temas, por consiguiente, vienen a ser elementos centrales
para el proceso del Medio Ambiente para Europa (EfE), que resultó
en el endoso de las Directrices de Sofía en 1995 y la adopción
del Convenio sobre acceso a la información, participación
pública y acceso a los procedimientos judiciales en cuestiones
de medio ambiente (Convenio de Aarhus) durante la Conferencia Ministerial
sobre el Medio Ambiente que se llevó a cabo en Aarhus, Dinamarca,
en 1998.
El Convenio de Aarhus se basa en la noción de que la participación
del público en la toma de decisiones, principalmente por
autoridades públicas, tiende a mejorar la calidad y la ejecución
de las decisiones finales. Ello garantiza el derecho a la información,
participación y justicia en el contexto de la protección
de los derechos a la salud y al bienestar de las generaciones actuales
y futuras.
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Los costos humanos del proceso de transición se han extendido
más allá de la pobreza de ingreso. En la totalidad de Europa,
la esperanza de vida en el periodo 1995-2000 comparada con la de 1975-1980
ha aumentado de 70,3 a 73,1 años (ambos sexos, recopilación
a partir de United Nations Population Division 2001). Sin embargo, en
algunos países de Europa Oriental la esperanza de vida ha disminuido
durante el mismo periodo, especialmente entre los hombres, como por ejemplo,
de 62 a 58 años en la Federación de Rusia y de 65 a 64 en
Ucrania (UNDP 1999b). Asimismo, en muchos países de Europa Central
y Oriental (Belarús, Estonia, Letonia, Federación de Rusia
y Ucrania) la proporción de hombres con respecto a mujeres se sitúa
muy por debajo de la media normal. Las causas de esta «cuestión
de los hombres desaparecidos» son múltiples y complejas pero
emanan principalmente de la inseguridad humana: conflictos militares,
salud deficiente, desempleo, pérdida de pensiones y corrupción,
lo que resulta en la desintegración social y bajo nivel de vida
(UNDP 1999b).
El desmantelamiento del sistema social de la era comunista ha llevado
también a la desintegración social y desigualdad en servicios
sociales en Europa Central y Oriental. Este deterioro está asociado
a la proliferación del fraude, de negocios ilícitos y del
crimen organizado (UNDP 1999b). En agudo contraste a las condiciones previas
a la transición, la población se encuentra ahora privada
de seguridad personal y protección, a menudo a merced de las fuerzas
del crimen organizado que han surgido por la connivencia de funcionarios
de regímenes corruptos. El aumento del crimen demuestra una debilidad
existente en la autoridad del gobierno y en la aplicación de las
leyes.
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