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La principal respuesta a la pérdida de hábitat natural ha sido el establecimiento
y la extensión de zonas protegidas. En su conjunto, aproximadamente el
7 por ciento de la superficie terrestre de África ha sido designada como
protegida. El total de zonas protegidas en África asciende a 1.254 (UNEP-WCMC
2001b), con inclusión de 198 zonas protegidas marinas, 50 reservas de
biosfera, 80 humedales de importancia internacional y 34 sitios de Patrimonio
Mundial (UNDP, UNEP, World Bank y WRI 2000).
La extensión de las zonas
protegidas varía considerablemente en las distintas regiones de
África; por ejemplo, la proporción de tierras designadas
como protegidas es substancialmente más alta en África Meridional
que en otras subregiones (véase el cuadro). La falta de apoyo financiero
y una débil aplicación de la ley son problemas comunes en
las zonas protegidas de África, lo que da por resultado intrusiones
de actividades humanas y asentamientos. No obstante ello, África
subsahariana cuenta con el 18 por ciento de la inversión media
mundial en zonas protegidas (James 1996). La gestión de las zonas
protegidas se orienta cada vez más a múltiples usos, entre
los cuales se incluyen el turismo y la caza deportiva.
Cerca de 52 países africanos son Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, 48 en la CITES y 22 en la CMS. Esto
se refleja en el ámbito nacional por el desarrollo de planes y
estrategias de acción nacionales que favorecen el medio ambiente,
la diversidad biológica y la conservación. La ayuda financiera
proveniente de distintos donantes bilaterales y multilaterales ofrece
la posibilidad de que se atiendan los problemas clave relativos a la diversidad
biológica y de que se promueva la cooperación subregional
en materia de conservación. En África Meridional y en África
Oriental se están estableciendo varias reservas transfronterizas.
Durante el periodo colonial, las políticas de conservación
se basaban a menudo en un tipo de proteccionismo que ignoraba las necesidades
del pueblo africano, imponiendo restricciones a la caza y excluyendo gente
de las reservas. Las zonas protegidas estaban incluidas en esta categoría
y fueron descritas como «fortalezas de conservación»
(Adams y Hulme 2001). Las políticas sobre conservación de
la fauna y la flora silvestres han cambiado desde entonces con respecto
a las comunidades que viven en zonas adyacentes a los parques nacionales
y ahora se las considera como participantes en los proyectos; una tendencia
clave durante los tres últimos decenios ha sido la creciente participación
de la población local en las iniciativas de conservación.
Los programas de conservación basada en las comunidades (CBC) tratan
de lograr este objetivo permitiendo que la gente que vive cerca de las
zonas protegidas participe en las decisiones de gestión de la tierra,
dando a la gente derechos sobre los recursos de la fauna y flora silvestres,
y asegurando que la población local obtenga beneficios económicos
de la conservación de la fauna y flora silvestres (Hackel 1999).
Algunos sostienen, sin embargo que la conservación de base comunitaria
no es una panacea (Adams y Hulme 2001). Se ha aducido que los proyectos
CBC no se han establecido fundamentalmente para lograr objetivos en materia
de conservación de la biodiversidad, sino que generalmente lo han
hecho para asegurar la cosecha sostenible de organismos vivos.
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