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Un paso vital en muchos países es reestructurar los sistemas fiscales
y los programas de subsidios para que sean más congruentes con las metas
sociales y ambientales. Tales reformas también permiten a los gobiernos
recaudar parte de los enormes montos necesarios para financiar los cambios
en los sistemas del sector público, imprescindibles para alcanzar los
objetivos previstos.
En otros casos, se introducen reglamentos más estrictos, tales
como restricciones o prohibiciones totales a determinadas actividades,
entre ellas la explotación forestal en parques nacionales, la utilización
de productos químicos especiales e incluso el uso de automotores
en zonas urbanas. Estos esfuerzos pueden tener un alto costo, por lo menos
en el corto plazo.
Aunque limitadas a veces por las acciones de gobiernos y de ONG, las
empresas juegan un papel favorable en muchas áreas. Como secuela
de la serie 14.000 de las normas para sistemas de gestión ambiental,
la ISO presenta una serie de normas relacionadas con las dimensiones sociales
y éticas de la empresa de que se trate. Estas medidas complementan
los esfuerzos conjuntos de los gobiernos y las empresas, como el Pacto
Mundial y el GRI. Las empresas adoptan un papel cada vez más activo
en los procesos de consulta asociados con muchas iniciativas de políticas,
una forma de intervención que contribuye notablemente para estimular
el desarrollo y la transferencia de tecnología.
Las acciones de las ONG y de los grupos de consumidores incluyen, entre
otras, la utilización del boicot al consumo y campañas mediáticas
para impulsar a las empresas menos progresistas a actuar. Promueven la
introducción de nuevos requisitos de etiquetado y presentación
de informes para asegurar que las prácticas comerciales sean más
transparentes y responsables. Varios de estos grupos están incluidos
de manera explícita en las rondas más recientes de negociaciones
de la OMC. Al mismo tiempo, estos grupos de presión también
hacen las veces de fiscalizadores de los gobiernos, lo que asegura que
los dirigentes actúen de manera responsable. Se imponen límites
más estrictos en la forma en que se comportan los funcionarios
del gobierno de tal suerte que quienes excedan los límites razonables
sean destituidos de su cargo.
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