Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024

La planificación de la adaptación va ganando en calidad, pero conseguir que los instrumentos nacionales de planificación lleguen a tener cobertura mundial será una ardua tarea. 

A lo largo de las dos últimas décadas, la planificación de la adaptación ha suscitado mayor atención e inversiones más cuantiosas. Como consecuencia de esto, 171 países (el 87%) cuentan ahora con al menos un instrumento nacional de planificación de la adaptación (política, estrategia o plan). De ellos, el 51% tiene 2 instrumentos y el 20% dispone de 3 (figura ES.1). No obstante —y aunque 16 de los 26 países que carecen de instrumentos de dicha clase ya han empezado a preparar uno—, aún hay 10 países que no dan muestras de haber iniciado ningún proceso de creación de tales instrumentos. Siete de esos países ocupan los primeros puestos del índice de fragilidad de los Estados, lo que apunta a que atraviesan circunstancias de fragilidad doméstica, conflictos nacionales o tensiones geopolíticas. Subsanar el déficit y cumplir la meta de planificación de la adaptación que indica el Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Mundial exigirá que se preste cada vez más respaldo a estos países frágiles y afectados por conflictos. Asimismo, y puesto que la debilidad de sus instituciones probablemente supone un obstáculo para estos países, el respaldo que se les facilita tendrá que abarcar esfuerzos notables y continuados en materia de creación de capacidades y fortalecimiento institucional.

Además de la cobertura, la calidad de los instrumentos de planificación también es un indicador importante de la eficacia que cabe esperar en su implementación. Según un análisis de los planes nacionales de adaptación (PNA) remitido a la secretaría de la CMNUCC, la posible eficacia de la planificación de la adaptación no es homogénea. La mayoría de los países ha definido una variedad de prioridades que tienen en cuenta tanto riesgos climáticos sectoriales concretos como los factores habilitantes de las medidas de adaptación al mismo tiempo que responden a cuestiones vinculadas a la inclusividad y la participación de, entre otros, grupos que tradicionalmente se han visto desfavorecidos, como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales. No obstante, se han hallado deficiencias en lo que respecta a la solidez de la base empírica y los plazos y costos específicos de las prioridades de adaptación que afectan la implementación. Así pues, ahora que los países instauran nuevos instrumentos nacionales de planificación o actualizan los que ya existen, el margen de mejora es muy amplio. Por último, un análisis de la armonización de los PNA y las CDN llegó a la conclusión de que la correspondencia entre ambos es solo parcial en la mayor parte de los países (68%) e inexistente en el 16%. Cuando los países actualicen sus CDN, debería ponerse mucho empeño en procurar que haya correspondencia entre ambos tipos de instrumentos para que se refuercen mutuamente, las inversiones sean más estratégicas y evitar la repetición de tareas.

La implementación de las medidas de adaptación avanza lentamente y hace frente a numerosos problemas. La preparación ante el incremento de los riesgos climáticos exige que los países sean más ambiciosos. 

La consulta de una variedad de fuentes de datos pone de relieve que la información sobre las medidas de implementación de la adaptación fluctúa de sobremanera con carácter anual, pero en última instancia dibujan una leve trayectoria ascendente con el paso del tiempo (figura ES.2). Sin embargo, en vista del ritmo del cambio climático, se necesita ampliar urgentemente el apoyo a la implementación de la adaptación. Prestar más atención y respaldo a la adaptación durante la próxima ronda de CDN podría servir para dar más credibilidad al estímulo de las ambiciones y medidas nacionales. Al margen de la falta de premura en cuanto a la implementación de la adaptación, las evaluaciones finales de las medidas de adaptación que se ejecutaron con ayuda de los mecanismos de financiación de la CMNUCC y el Acuerdo de París revelan que en torno a la mitad se consideran insatisfactorias a la luz de sus resultados o tienen pocas probabilidades de mantenerse a largo plazo sin fondos para proyectos. El análisis de los informes sobre los progresos en la ejecución de los PNA arroja unos resultados desiguales y pone de relieve una serie de obstáculos institucionales, regulatorios, financieros y de capacidad que limitan el avance. En muchas ocasiones, los países superan las dificultades iniciales y registran una mejora sustancial en lo relacionado al alcance de las medidas en proceso de implementación. Con todo, todavía se dispone de muy pocos datos sobre los resultados y la eficacia de la ejecución de los PNA. Todos los países que examinaron la idoneidad de su respuesta de adaptación descubrieron que no alcanzaba un nivel suficiente habida cuenta de la magnitud de los riesgos climáticos.

El déficit de financiación para la adaptación es todavía gigantesco, y subsanarla constituye una de las prioridades del nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima. 

Las corrientes internacionales de financiación pública para la adaptación que se dirigen a los países en desarrollo pasaron de 22.000 a 28.000 millones de dólares entre 2021 y 2022, el mayor incremento interanual relativo y en términos absolutos desde la firma del Acuerdo de París. Esto da cuenta de los progresos hacia el componente de adaptación del Pacto de Glasgow por el Clima (figura ES.3), que instaba a las Partes que son países desarrollados a, como mínimo, duplicar para 2025 el aporte colectivo de financiación climática para la adaptación destinada a las Partes que son países en desarrollo con respecto a los niveles de 2019, aunque se necesiten incrementos mucho mayores para lograr tal objetivo. Sin embargo, incluso si se consigue duplicar esa cantidad, se traduciría tan solo en una rebaja del 5% del déficit de financiación para la adaptación. Este déficit cobra importancia en el contexto del nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima, que debe fijarse antes de 2025. Si se comparan las necesidades de financiación de la adaptación (que, de acuerdo con el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2023, ascienden a entre 215.000 y 387.000 millones de dólares al año) con las corrientes internacionales de financiación pública en 2022, se desprende que las carencias de financiación para la adaptación aún son muy cuantiosas. Sin embargo, la valoración del déficit se ve restringida por la falta de datos sobre las corrientes de financiación nacionales de los sectores público y privado, dos fuentes destacadas de fondos para la adaptación. También cabe destacar que, si nos basamos en el año más reciente sobre el que se dispone de datos, los pagos de intereses de la deuda de los países en desarrollo (salvo China) fueron más elevados que la estimación de las necesidades de financiación de la adaptación, lo que podría abrir oportunidades para introducir reformas en materia de deuda y contribuir a respaldar las medidas de adaptación.

Afrontar el desafío climático exigirá ampliar la financiación que se destina a la adaptación, pero también adoptar un enfoque más estratégico en lo tocante a la financiación. 

El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024 no solamente presenta información sobre el volumen total de financiación, sino también sobre el déficit de financiación actual y sobre los tipos de adaptación que requieren fondos. Para ello, ha formulado una tipología de problemas de adaptación y financiación (figura ES.4). La figura muestra que, en general, es más sencillo financiar medidas de adaptación reactivas, progresivas y útiles en todo caso (esquina superior izquierda) y la adaptación en sectores comerciales (esquina inferior izquierda). Por el contrario, resulta más complicado financiar la adaptación preventiva y la transformadora (esquina superior derecha) y la adaptación en sectores no comerciales, sobre todo para las personas más vulnerables (esquina inferior derecha). Esto aplica para toda la financiación (sin olvidar la financiación pública nacional y las instituciones financieras públicas internacionales), pero en particular para la financiación del sector privado. No obstante, para estar a la altura del desafío que plantea el cambio climático, las necesidades de financiación de la adaptación tienen que dejar atrás el énfasis que tradicionalmente se ha puesto en la financiación reactiva, progresiva y por proyectos (esquina superior izquierda) e iniciar una transición hacia medidas de adaptación más estratégicas, preventivas y transformadoras (esquina superior derecha y parte superior central). Eso requiere emprender más actuaciones en los ámbitos donde la adaptación es más difícil y su desarrollo es más complejo. Ver la adaptación como algo parecido a la mitigación —es decir, que dedica más esfuerzos a las opciones técnicas o centra la atención únicamente en los ámbitos más sencillos de financiar— no conseguirá alcanzar la magnitud ni los tipos de adaptación que hacen falta.

Únicamente alrededor de un tercio del déficit de financiación para la adaptación se produce en ámbitos que por lo general financia el sector privado, pero todavía hay grandes oportunidades de inversión para dicho sector. 

Más de dos tercios de los costos o necesidades de financiación que se han calculado pertenecen a ámbitos que normalmente financia el sector público por medio de fuentes nacionales o internacionales porque tienen elementos de utilidad pública o conciernen al sector social o a sectores no comerciales. Esto implica que, si no se incrementa la financiación pública (nacional e internacional) —o si no se siguen enfoques innovadores en materia de financiación—, será difícil hacer realidad las prioridades de adaptación de la mayoría de los países (según lo expuesto en las CDN y los PNA). Al mismo tiempo, la tercera parte de los modelos de costos o necesidades de financiación competen a ámbitos que podrían contar con financiación privada, por ejemplo, en sectores comerciales entre los que destacan la agricultura comercial, el agua y la infraestructura. Sin embargo, incluso en estos casos, el sector público tiene que emplear a menudo fondos públicos a fin de reducir el riesgo y obtener inversiones del sector privado. También se destinarán inversiones del sector privado a ámbitos que no se cubren como es debido en las estimaciones actuales del déficit, como las necesidades de infraestructura del sector privado, así como la intensificación de las necesidades de enfriamiento y los impactos sobre la productividad laboral relacionada con la temperatura.

Los factores habilitantes son esenciales para desbloquear la financiación para la adaptación, en particular cuando se trata del sector privado. 

En vista de los obstáculos que dificultan la adaptación, se necesita que los factores habilitantes contribuyan a abrir la puerta a la financiación para la adaptación, tanto para el sector público como para el privado. El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024 ha estudiado y definido algunos de los factores habilitantes más importantes en lo que respecta a la financiación. 

• ▶ En primer lugar, hay diversos enfoques e instrumentos financieros de reciente aparición que se proponen resolver algunos de los problemas a los que se enfrenta la adaptación al definir más los resultados de la adaptación o al crear incentivos a la inversión en adaptación; por ejemplo, el riesgo financiero, instrumentos vinculados a seguros, subvenciones para la resiliencia climática basadas en el desempeño, los créditos de resiliencia, el canje de deuda por adaptación, los pagos por los servicios de los ecosistemas, las labores relacionadas con la tributación y los bonos de resiliencia.

• ▶ En segundo lugar, en el sector público también encontramos una variedad de factores habilitantes, entre los que se cuentan el establecimiento de fondos e instituciones financieras, la planificación fiscal relacionada con el clima y el etiquetado de los presupuestos climáticos, la integración de la planificación del desarrollo nacional y los marcos de gastos a mediano plazo, y la planificación de la inversión en adaptación. También se podría complementar con las diversas reformas que proponen las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo.

• ▶ En tercer lugar, para el sector privado, los factores habilitantes son los marcos de divulgación de los riesgos climáticos, la planificación de la transición y la taxonomía de la adaptación. También comprenden los nuevos enfoques e instrumentos financieros que hacen lo posible por reducir el riesgo que corre la financiación del sector privado mediante fondos públicos (financiación combinada). Pueden apoyarse más a través de plataformas y aceleradores de la adaptación, que tienen la capacidad de servir de catalizadores para nuevos instrumentos y modelos, así como de ayudar a idear proyectos financiables. 

Pero todas estas actividades de apoyo exigen capacidad de ejecución y también financiación. Esto también supone una gran demanda de los fondos públicos concesionarios de los que se dispone, como la implementación de medidas más ambiciosas orientadas a la financiación pública para la adaptación, la reducción del riesgo en las inversiones privadas y el respaldo a los factores habilitantes. Más importante aún, significa que es necesario adoptar una postura mucho más estratégica a la hora de utilizar los fondos públicos concesionarios con los que se cuenta a escala internacional.

En última instancia, las conversaciones sobre financiación para la adaptación que se mantienen en estos momentos no responden correctamente a la pregunta de quién paga la adaptación. 

Las corrientes de financiación para la adaptación tienen perfiles muy distintos en el nivel subnacional para los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Son diferencias pertinentes de cara a las negociaciones internacionales en torno al nuevo objetivo colectivo cuantificado y las corrientes de financiación del anexo I con respecto a los países en desarrollo. El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024 ha analizado este tema y profundizado en la cuestión de quién corre con los gastos y quién se beneficia de la financiación para la adaptación por medio de análisis de las corrientes entre el prestamista y el receptor intermedio (un gobierno, un banco o el sector privado) y a los grupos afectados en un país menos adelantado hipotético (figura ES.5). Salvo por el modelo de subvenciones (parte superior), en el que el financiador internacional se hace cargo de la totalidad de los gastos, todos los demás modelos derivan en que, a la larga, el país menos adelantado asume buena parte de los costos de la adaptación. Por lo tanto, y aunque contar con financiación suplementaria facilita que se minimice el déficit de financiación para la adaptación, no se ajusta al principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, y capacidades respectivas —una idea de base de la CMNUCC— ni tampoco al principio de que quien contamina, paga. Para terminar, en este contexto, también cabe mencionar que las necesidades de financiación de la adaptación han de tener en cuenta la igualdad de género y la inclusión social en mucha mayor medida a fin de evitar perpetuar las desigualdades existentes.

La creación de capacidades y la transferencia de tecnología son vitales para fortalecer las medidas de adaptación en los países en desarrollo, pero su eficacia es incierta. 

Además de la financiación, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología desempeñan un papel crucial a la hora de incrementar la eficacia de las medidas de adaptación. No obstante, y a pesar de que los documentos de la CMNUCC aluden casi constantemente a las capacidades y las necesidades en materia de tecnología (por ejemplo, en los PNA y las evaluaciones de las necesidades de tecnología), es frecuente que las iniciativas en curso no estén coordinadas, sean costosas, se centren en el corto plazo y no se disponga de información suficiente para valorar su eficacia. Para tener una idea más certera de las opciones a nuestro alcance para consolidar y aplicar estos dos métodos de implementación, es indispensable remediar las vastas carencias informativas. Por ejemplo, no se han abordado lo suficiente las preguntas que giran en torno a qué capacidades y tecnologías son pertinentes para quién o cómo van a desarrollarse, lo cual causa dificultades en la formulación de recomendaciones bien fundamentadas. La mejora de la integración, el apoyo con fines específicos y la intensificación de la cooperación triangular, Sur-Sur y Norte-Sur podrían contribuir en buena medida a subsanar estas carencias informativas y plasmarse en las versiones actualizadas de las CDN y los PNA.

Los países en desarrollo han manifestado que necesitan más capacidades y más tecnología para todos los aspectos de la planificación y la implementación de la adaptación, con especial hincapié en el agua, los alimentos y la agricultura. 

Se requieren mayores capacidades para todos los aspectos de la planificación y la implementación de la adaptación, aunque hay diferencias en los diversos sectores. Los alimentos y la agricultura se mencionan en 9 de cada 10 PNA, seguidos de las necesidades en materia de capacidad para los sectores que tienen que ver con el medio ambiente, el agua y la salud. Las necesidades en materia de capacidad se exponen en lo que respecta a tecnologías para sectores concretos, pero también con la intención de facilitar la mejora de la planificación, la implementación, el seguimiento y la evaluación, además de una serie de factores habilitantes subyacentes (figura ES.6). Del mismo modo, las necesidades tecnológicas de mayor envergadura se articulan —con mucha diferencia— en la agricultura y el agua, mientras que las tecnologías de protección de las zonas costeras (que ocupan el tercer lugar en cuanto a esferas prioritarias) son importantes para una cantidad mucho más reducida de países. Entre 2018 y 2022, el análisis del respaldo global que recibieron los países en desarrollo para emprender iniciativas de adaptación relacionadas con la tecnología señala que las cifras pasaron de 5.700 millones a 12.700 millones de dólares. Durante ese mismo período, la proporción de financiación vinculada a la adaptación como parte de la financiación total para el desarrollo vinculada al clima pasó del 26% al 35%. Esto apunta a que se pone más énfasis en la financiación para el desarrollo vinculada al clima con objeto de respaldar la adaptación mediante la introducción de nuevas tecnologías. Esto se observa con especial claridad en el caso del sector de la agricultura, que cada año recibe en promedio el 31% de la financiación para el desarrollo vinculada a la adaptación —casi el doble del importe dedicado al transporte y el almacenamiento, así como el agua y el saneamiento, que son los sectores que le siguen en tamaño—. Por consiguiente, si bien se necesitan muchos más fondos para cubrir las necesidades de los países, las evaluaciones de las necesidades en materia de tecnología señalan que los fondos disponibles se utilizan (al menos en buena medida) en los sectores prioritarios.

Recortar la brecha entre las necesidades en materia de capacidades y tecnologías y los niveles de actividad sobre el terreno pasa por la superación de problemas multidimensionales.

Existe un cierto número de factores que minan la eficacia del respaldo que se presta en estos momentos. Entre los más predominantes, destacan las limitaciones económicas y financieras que tienen que ver con los elevados costos iniciales de las inversiones, las dificultades a la hora de conseguir préstamos y la incertidumbre con respecto a la
rentabilidad de dichas inversiones. Tales limitaciones se vuelven altamente visibles cuando se trata de tecnologías que necesitan una inversión considerable de capital, como los sistemas de riego por energía solar, cuyos costes relativamente altos de instalación y mantenimiento suelen impedir su adopción generalizada. Por otra parte, los marcos jurídicos y regulatorios pueden suponer un problema mayúsculo, de modo que se necesitan políticas nacionales más sólidas, optimizadas y favorables con el propósito de promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías y competencias que los países en desarrollo considerenimportantes. Asimismo, en sectores en los que las condiciones a nivel local son sumamente precarias (como la agricultura y el agua), la suma de la escasa capacidad técnica y la falta de infraestructura, información y concienciación suele traducirse en tasas de adopción deficientes. Para solucionar estos problemas, es imprescindible disponer de más fondos; una parte de ellos podría cubrirse con inversiones del sector privado. Potenciar la capacidad en cuanto a la planificación, la implementación y los factores habilitantes subyacentes también es fundamental. Esto requiere la preparación y la
coordinación de las labores a escala nacional y subnacional, de manera que se aumenten al máximo las oportunidades de ampliar la disponibilidad de capacidades y tecnologías climáticas para las labores de adaptación.

Si se mejora la creación de capacidades y la transferencia de tecnología, las medidas de planificación e implementación podrían agilizarse. 

A partir de su evaluación, el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024 sintetiza las recomendaciones clave que aparecen a continuación a fin de incrementar la eficacia de la creación de capacidades y la transferencia de tecnología: 

• ▶ En primer lugar, las intervenciones dirigidas a respaldar la creación de capacidades deberían comenzar por definir y movilizar las capacidades endógenas que ya existen; alcanzar un equilibrio en cuanto al énfasis en las capacidades “técnicas” (por ejemplo, las tecnologías) y las “sociales” (como las condiciones propicias); y hacer de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la inclusión social su eje central.

• ▶ En segundo lugar, hace falta una base empírica mucho más sólida para fundamentar las intervenciones de creación de capacidades y las prioridades en materia de transferencia de tecnología. Ello incluye los datos probatorios obtenidos a partir del seguimiento y la evaluación de los enfoques que surten efecto, para quién y en qué momento; los obtenidos del verdadero costo de las intervenciones; y de la magnitud actual de las necesidades en materia de creación de capacidades y transferencia de tecnología.

• ▶ En tercer lugar, los planes de creación de capacidades y transferencia de tecnología deberían facilitar la adaptación en todos los sectores, escalas y prioridades de desarrollo, además de crear capacidades con las que lograr cambios transformadores. En muchos casos, las prioridades actuales son demasiado restrictivas y técnicas y se centran excesivamente en reaccionar a los compromisos internacionales o las crisis urgentes, por lo que se limitan las actuaciones que persiguen cambios más profundos.

• ▶ En cuarto lugar, la eficacia de la transferencia de tecnología depende de que forme parte de una estrategia más amplia de desarrollo y de que se haya integrado con firmeza en una evaluación conexa de las necesidades en materia de creación de capacidades. Deberían formularse estrategias de adaptación a partir de una comprensión integral de las necesidades, no desde la lente de promover una tecnología en concreto.

Si se tienen en cuenta estas recomendaciones en las labores de creación de capacidades y transferencia de tecnología, la planificación y la implementación de la adaptación ganarán en eficacia, sobre todo si se combinan con la financiación suplementaria para la adaptación que tan urgentemente se requiere.

Los países se acercan a las metas del Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Mundial, pero tendrán que poner más empeño para alcanzarlas a tiempo. 

Tal y como se acordó en Dubái durante la CP28, el Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Mundial ofrece un esquema para llevar un seguimiento de los avances con respecto al objetivo de adaptación a escala mundial. Dado que el Informe sobre la Brecha de Adaptación notifica todos los años qué progresos se han conseguido en lo relativo a la planificación y la implementación de la adaptación, la edición de este año aprovecha la ocasión para reflexionar sobre lo que ya puede afirmarse acerca de las nuevas metas temáticas y dimensionales del marco. Al mismo tiempo, reconoce que todavía no se han encontrado ni acordado los indicadores que se emplearán para valorar los avances. 

• ▶ En primer lugar, casi todos los PNA incluyen alusiones al menos a una de las metas temáticas del marco; un tercio de ellos hacen referencia a aspectos de las metas dimensionales. Con la salvedad de la erradicación de la pobreza y la protección del patrimonio cultural, las metas temáticas se han cubierto satisfactoriamente, mientras que las dimensionales no despiertan tanta atención en estos momentos o se enmarcan de otro modo (figura ES.7). Por ejemplo, mientras que la implementación de las medidas de adaptación se cita en menos de una cuarta parte de los PNA, sí se expone en detalle dentro del contexto de la integración de los planes y procesos sectoriales de desarrollo a escala nacional y subnacional (lo que abarca la presupuestación). Asimismo, si bien las necesidades sectoriales en materia de capacidad pueden plasmarse en gran medida en las metas temáticas, las necesidades subyacentes de este tipo no siempre se articulan de acuerdo con las metas dimensionales del marco (figura ES.6).

• ▶ En segundo lugar, el análisis de los PNA puso también de relieve que la información sobre los impactos, la vulnerabilidad y los riesgos de cara al futuro no es homogénea, con frecuencia abarca solo un subconjunto de sectores (o ninguno) y suele presentarse en el contexto de datos y carencias de información. La falta de capacidad y tecnología para evaluar el carácter complejo de los efectos del cambio climático limita la capacidad de tomar decisiones sólidas. Así pues, subsanar estas carencias resultaría importante para ayudar a los países a materializar la evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y los riesgos del marco de aquí a 2030. Es una cuestión pertinente también en el contexto del apoyo a países con la instauración de sistemas de alerta temprana que detecten numerosos peligros, los servicios de información climática orientados a la reducción de los riesgos, y la observación sistemática encaminada a mejorar los datos, la información y los servicios relacionados con el clima.

• ▶ En tercer lugar, aunque actualmente 9 de cada 10 país países cuentan con algún instrumento nacional de planificación de la adaptación, el Informe sobre la Brecha de Adaptación demuestra que será necesario realizar esfuerzos ingentes para lograr la cobertura mundial de aquí a 2030 en vista de que el ritmo de progreso actual hacia la desaparición de tal divergencia es muy lento en estos momentos. Es más, aunque hay datos probatorios que ilustran que muchos países están en proceso de aplicar sus prioridades de adaptación, es demasiado pronto para analizar el ritmo al que esto se produce (entre otras razones, porque muchos países no tienen marcos de seguimiento, evaluación o aprendizaje). Para acabar, y puesto que la calidad de los instrumentos de planificación y los niveles de implementación son desiguales en lo que respecta a la fiabilidad de los datos, la cobertura sectorial, la implementación y la inclusión, todavía no queda claro si los países han conseguido paliar las repercusiones sociales y económicas que provocan los peligros climáticos clave. 

Como conclusión, y aunque es difícil valorar los progresos con respecto a cualquiera de las metas temáticas si no tenemos los indicadores y parámetros concretos para ello, la adopción de plazos claros para lograr las metas dimensionales ya mencionadas expone que, si queremos hacerlas realidad, debemos agilizar las actuaciones relacionadas con los efectos, la vulnerabilidad y la valoración de los riesgos, la planificación, la implementación, el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje.