En enero de 2020, Chile presentó la primera ley de Sudamérica para proteger los humedales urbanos. En ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente del país solo disponía de seis meses para sentar las bases de su implementación, una tarea ardua.
Con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) apoyó al gobierno chileno en la difusión y aplicación de la ley, que hoy salvaguarda más de 7.600 hectáreas de humedales costeros sensibles.
"Este proyecto es un ejemplo de cómo el PNUMA, con el apoyo financiero del GEF, puede colaborar con socios públicos y privados por igual para obtener resultados beneficiosos para todas las partes a través de la aplicación de la política medioambiental", dijo Robert Erath, responsable de la gestión de proyectos GEF dentro de la unidad de biodiversidad y degradación de la tierra del PNUMA. "Las actividades de nuestro proyecto conjunto sobre el terreno han contribuido a que esta ley pase de ser un concepto a una realidad".
Diseñada para proteger los diversos humedales de Chile, en particular los que rodean los entornos urbanos, esta ley demostró la fuerte voluntad política de los líderes chilenos de proteger estos hábitats vitales y la rica biodiversidad que contienen.
El proyecto PNUMA-GEF ayudó a Chile a definir un conjunto de 10 criterios de sostenibilidad, que sirvieron de base para la interpretación de la ley. Estos criterios se formularon a través de un enfoque de colaboración, que incluyó aportaciones de organismos públicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos y otros. También contó con la participación de agentes privados del sector de la construcción y el desarrollo urbano, que se consideran clave para el éxito de la aplicación de la ley.
"La elaboración del reglamento de la Ley de Humedales Urbanos se realizó en un período de sólo seis meses, un tiempo muy limitado para este tipo de procesos, y de manera ampliamente participativa", dijo Jimena Ibarra, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Ambiente y contraparte técnica del Proyecto de Humedales Costeros del GEF. "Para este trabajo se realizaron más de 13 talleres con académicos, servicios públicos, ONG, gremios productivos y la comunidad, donde participaron cerca de 800 personas".
Al apoyar este proceso de colaboración, los implicados ayudaron a garantizar un enfoque coherente y holístico que habría sido prácticamente imposible de supervisar por un pequeño equipo del ministerio.
El Ministerio de Medio Ambiente también tenía que asegurarse de que la ley fuera bien entendida por todos. Esto significó desarrollar una serie de directrices para la identificación coherente de los humedales, crear normas y directrices para las evaluaciones de impacto ambiental y garantizar la aplicación efectiva de los criterios de sostenibilidad. Este fue un proceso que tuvo que realizarse simultáneamente no sólo en un humedal, sino en cinco regiones de un país que abarca más de la mitad de Sudamérica.
Con otras herramientas desarrolladas desde entonces, como los programas de formación para los gobiernos regionales, el sector de los servicios públicos y las ONG, y las guías de buenas prácticas elaboradas conjuntamente con los ministerios de turismo e infraestructuras, la integración de todos los ministerios, incluidos los que tradicionalmente se centran más en el desarrollo, ha sido un factor crítico para el éxito del proyecto.
Mientras tanto, los habitantes de todo el país se han visto empoderados por esta iniciativa, utilizando la ley y su aplicación para luchar por la protección de los humedales locales.
"El proceso, además de proteger casi 7.600 hectáreas de humedales en el país hasta la fecha, también ha promovido la participación e involucramiento de las comunidades locales, ya que los ciudadanos pueden aportar antecedentes e información relevante que pueden fortalecer el proceso técnico", dijo Daniela Manuschevich, Jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.
Uno de los humedales urbanos declarados por la ley es el Mallinco Abtao Lawal, situado en el sur de Chile. Este humedal es considerado sagrado por los mapuches, una comunidad indígena que vive en Chile desde hace miles de años. Cuando el Mallinco se enfrentó al desarrollo de un conjunto de condominios que amenazaba con destrozar el rico ecosistema del humedal, los ancianos indígenas recurrieron a la ley para impedir su destrucción. La acción tuvo tanto éxito que la comunidad se involucró profundamente en la vigilancia, la restauración y la educación ambiental del ecosistema a través de las escuelas locales.
"La designación de este nuevo humedal urbano legalmente protegido nos permite salvaguardar el equilibrio ecológico, reducir las presiones y amenazas en el ecosistema y avanzar en las medidas de sostenibilidad", dijo María Barría Nahualquín, de la Comunidad Ancestral Pascual Huanel. "A través de la gobernanza local y la conservación armoniosa podemos seguir protegiendo nuestras tradiciones culturales ancestrales".
Proteger la biodiversidad del planeta es algo que resulta beneficioso para todos: desde el punto de vista medioambiental, económico, social y político. El PNUMA colabora con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial ( GEF, por sus siglas en inglés) para proporcionar a los países los fundamentos científicos, la experiencia política y la innovación que necesitan para conservar, restaurar y aprovechar mejor su biodiversidad. Para obtener más información sobre este proyecto (Promoviendo la conservación de la Biodiversidad y el manejo sustentable de las cuencas de la zona centro y sur de Chile, Hotspot de biodiversidad, a través de la mejora de la gestión de los ecosistemas de borde costero) o sobre la labor del PNUMA en materia de restauración y conservación de la biodiversidad, puede contactar a Johan.Robinson@un.org. Conozca más sobre nuestro trabajo en biodiversidad apoyado por el GEF aquí.
