ONU Medio Ambiente observa con profunda preocupación las recientes acusaciones de terrorismo formuladas contra la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la coordinadora del Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible, Joan Carling, y cientos de otras personas en Filipinas. La petición legal presentada por el Gobierno de Filipinas alega que todos ellos deben ser declarados terroristas.
Estos cargos deben retirarse inmediatamente y debe brindarse apoyo a las actividades legítimas de estas personas, quienes tienen mandatos de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajan. ONU Medio Ambiente tiene una relación de larga data con Tauli-Corpuz y Carling, de conformidad con su mandato como la máxima autoridad ambiental y con su marco normativo sobre estándares internacionales de derechos humanos.
Es profundamente preocupante que las autoridades hayan respondido sistemáticamente a las expresiones de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos criminalizando y deslegitimando sus voces. La reducción de los espacios disponibles para que las personas independientes ejecuten un trabajo legítimo y representen a muchas comunidades indígenas y locales invisibilizadas es un problema que debe abordarse con una mayor apertura y participación.
ONU Medio Ambiente ha desarrollado una política que promueve una mayor protección para los defensores del medio ambiente, y que reconoce y se basa en el trabajo de los Procedimientos Especiales de la ONU y los actores de la sociedad civil. La política se basa en el derecho ambiental internacional, incluidos los instrumentos y resoluciones pertinentes de la ONU. ONU Medio Ambiente también enfatiza el importante papel que las personas nombradas pueden desempeñar en la implementación y la formulación de políticas efectivas. Sobre esta base, ONU Medio Ambiente está pidiendo que se retiren estas alegaciones y se garantice la seguridad de los ciudadanos nombrados en la petición legal.
Erik Solheim
Director Ejecutivo, ONU Medio Ambiente
