El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es precursor a nivel internacional en la protección de los derechos de las personas defensoras ambientales y es el primer tratado ambiental de la región. Está abierto a los 33 países que componen América Latina y el Caribe.
Es un instrumento legal que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
El tratado lleva el nombre del lugar donde fue firmado, Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Entró en vigor el 22 de abril de 2021. A la fecha, 15 países lo han ratificado, entre ellos: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
La implementación del Acuerdo de Escazú es fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía en materia ambiental y para la protección de muchas vidas, ya que la región es considerada una de las más peligrosas para las personas defensoras de nuestra tierra y medio ambiente.
Las Partes del Acuerdo se reunieron entre el 19 y 21 de abril de 2023 en Buenos Aires, Argentina, en la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), cuyo principal resultado fue la principal resultado fue la elección de los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Tratado, órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes cuyo fin es promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo. Asimismo, se aprobó la declaración política (“Declaración de Buenos Aires”) de 15 párrafos, en donde se destaca el papel de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente colabora activamente junto a los Estados Miembros y otras agencias de las Naciones Unidas para lograr la promoción e implementación del Acuerdo de Escazú.
"La región está haciendo una contribución sustancial al fortalecimiento del estado de derecho ambiental. El Acuerdo de Escazú hace operativos los pilares del principio 10 de Río y constituye un espacio de cooperación y confianza. Una herramienta para construir un mayor bienestar para nuestras familias y comunidades, y para enfrentar las crisis planetarias. Es por ello que debemos trabajar de manera coordinada y estratégica en el fortalecimiento del estado de derecho en materia ambiental, lo que incluye contar con leyes efectivas, instituciones sólidas y el necesario involucramiento y cooperación de todos los sectores".
Juan Bello, director de la oficina regional para América Latina y el Caribe del PNUMA
