En las islas del Pacífico, un grupo de estudiantes transformó su frustración en potencia legal, exigiendo justicia para sus naciones vulnerables y llevando a los mayores contaminadores ante los tribunales.
Cuando Cynthia Houniuhi subió al estrado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace un año, su mensaje a las y los jueces sentados frente a ella fue sencillo.
El cambio climático estaba devastando las naciones insulares de todo el Pacífico, como su hogar, las Islas Salomón. Esto, según ella, era una injusticia flagrante, dado que dichos países solo habían producido una fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocaban la crisis climática.
“La tierra de mi pueblo [...] se acerca a un punto de no retorno, al borde de ser engullida por completo por el aumento del nivel del mar”, dijo Houniuhi. “Sin nuestra tierra, nuestros cuerpos y recuerdos se ven cercenados de las relaciones esenciales que definen quiénes somos”.
Su alegato formaba parte de un caso histórico en el que se había pedido a la corte de más alta instancia del mundo que determinara la responsabilidad de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta en una crisis climática cada vez más grave.
Para Houniuhi, fue un momento triunfal. Seis años antes, ella se unió a 26 estudiantes de Derecho para formar Pacific Islands Students Fighting Climate Change (Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático, o PISFCC por sus siglas en inglés). Todas y todos habían alcanzado la madurez viendo cómo sus vecinos perdían la vida, sus hogares y sus medios de subsistencia a causa del aumento del nivel del mar, el blanqueamiento de los corales y un clima errático.
Frustrados por percibir que los grandes emisores arrastraban sus pies, este grupo de estudiantes no vio otra opción que presentar su caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Así pues, Houniuhi, la Presidenta de PISFFC, comenzó a proponer y promover la idea entre sus compañeras y compañeros. Vishal Prasad, hoy Director de Campaña de PISFCC, fue uno de los primeros en unirse a la iniciativa.
“Cuando supe de esta campaña, me impactó lo precisa que era y el potencial que tenía”, dice. “Fue nuestro pan de cada día durante los siguientes cinco años.”
Prasad pasaba días enteros preparando informes para el Gobierno y generando apoyo popular para el caso. Dado que la navegación del mar es algo muy arraigado en la historia de las naciones del Pacífico, los estudiantes formularon su iniciativa como otra travesía más, esta vez simbólica, para las gentes de la región.
Los gobiernos del Foro de las Islas del Pacífico, una agrupación de 18 países y territorios, no tardaron en sumarse al reto jurídico y declararon que la crisis climática suponía la mayor amenaza para la seguridad de la región.
La nación insular de Vanuatu se puso a la cabeza y llevó la cuestión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras varios meses de intensa campaña, la Asamblea votó por unanimidad en marzo de 2023 para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones jurídicas de los Estados con respecto al cambio climático.
La resolución de la ONU pedía a los jueces que respondieran a dos preguntas principales: en primer lugar, ¿cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional a la hora de proteger el clima y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas para los Estados que han infligido un daño significativo al clima y al medio ambiente?
“Fue entonces cuando la campaña adquirió de verdad una dimensión internacional”, dice Prasad.
Tanto para Houniuhi como para Prasad, el inicio de los alegatos orales a finales de 2024 fue una experiencia cargada de emociones. En el húmedo clima invernal de La Haya, la gente se congregó frente a la sede del Tribunal, en el neorrenacentista Palacio de la Paz, con pancartas que exigían una acción climática urgente.
Los abogados de las naciones insulares del Pacífico argumentaron que los países con altas emisiones, al precipitar la crisis climática, habían violado los derechos humanos de los isleños de baja altitud y que dichos países tenían la obligación, en virtud del derecho internacional, de reducir drásticamente sus emisiones. Aunque los miembros de PISFCC no argumentaron el caso, recopilaron los testimonios de las comunidades más afectadas y de las y los jóvenes que sufren la crisis climática. Dichos testimonios formaron parte de las alegaciones presentadas ante la Corte.
El proceso duró dos semanas, con las esperanzas y la ansiedad a todo vapor dentro y fuera de la sede judicial. A Prasad le resultó muy difícil escuchar a algunas de las naciones más poderosas del mundo argumentar que la legislación sobre derechos humanos no debería ser relevante en relación con la obligación de los países de proteger el medio ambiente.
El 23 de julio de 2025, los jueces emitieron un fallo histórico, confirmando que los Estados tienen la obligación jurídica de proteger el sistema climático de los efectos nocivos de las emisiones de gases de efecto invernadero. La opinión consultiva no es jurídicamente vinculante, pero los expertos afirman que tiene consecuencias porque las naciones afectadas podrán llevar ante los tribunales a los grandes infractores climáticos.
El veredicto fue tan rotundo que superó las expectativas más optimistas de PISFCC.
La organización recibió recientemente el prestigioso premio Campeones de la Tierra 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que recompensa su trabajo en pos de la justicia climática para sus comunidades y el mundo.
Para el grupo, que hoy cuenta con más de 100 miembros, la victoria judicial fue un momento de reivindicación. No obstante, entienden que la lucha por la justicia climática está lejos de terminar y que esa batalla podría determinar el destino de todos los países, no solo el de los pequeños Estados insulares.
“El mundo es una isla”, comenta Houniuhi. “Esto nos concierne a todas y todos.”
